“El mundo los está observando”, advirtieron organizaciones internacionales a gobernantes de México.

 

HB Noticias

 

Por: Héctor Briseño.

 

Acapulco, Gro., (18/dic/2017). Organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, integraron una nueva coalición para llamar la atención del mundo sobre lo que denominaron como “rampante impunidad en México”, y pidieron el Ejecutivo federal que ejerza su facultad de veto.

Advirtieron que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que se concretó esta semana en el Senado mexicano, implica un “grave” retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedentes y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos.

En respuesta, una coalición de 10 organizaciones internacionales, comprometidas con los derechos humanos y el Estado de derecho, hicieron un llamado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto para que ejerza su facultad de veto respecto de la ley.

También anunciaron la integración de un Observatorio Internacional sobre México, cuyo mandato será observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.
Activistas subrayaron que lejos de abordar la impunidad generalizada de crímenes atroces, incluidos los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la llamada  “guerra contra las drogas”, la Ley de Seguridad Interior consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad públicas reservadas para autoridades civiles.

Se advierte que durante los últimos 10 años, esta estrategia de militarización ha aterrorizado a la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a derechos humanos; casos que han sido plenamente documentados y que permanecen prácticamente en absoluta impunidad.

 

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Tendencia peligrosa.

Mientras tanto, los índices de violencia continúan escalando y, de hecho, 2017 se perfila ya como el año más letal de la historia de México.

“La Ley de Seguridad Interior constituye un marco legal de amplios alcances que posibilita el ejercicio de la acción militar en todo el territorio del país y contra todos sus ciudadanos. En ese sentido, la nueva ley es parte de una tendencia peligrosa que requiere reacciones urgentes”, señalaron organizaciones internacionales.

Los miembros fundadores del Observatorio incluyen a organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso, Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina, Open Society Justice Initiative,  la Organización Mundial contra la Tortura, Peace Brigades International,  y Robert F. Kennedy Human Rights; y se espera que otras organizaciones internacionales se sumen a este esfuerzo.

“Mientras México se aleja de los valores democráticos, el mundo le está observando”, concluye el comunicado.

 

La ONU se pronunció.

Por separado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), desaprobó la adopción del Proyecto de la Ley de Seguridad Interior, el cual fue votado mayoritariamente por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, sin un debate real sobre su necesidad y contenido.

La ONU-DH recalcó que el Proyecto de Ley presenta riesgos al disfrute efectivo de los derechos humanos; no brinda certeza al emplear conceptos imprecisos sobre su marco de operación; genera confusión entre la nociones de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, y consolida un modelo de seguridad que no ha dado los resultados esperados, además que ha causado un gran sufrimiento a las personas en el país.
En comunicado emitido por la ONU-DH, se hace referencia que a pesar del inédito consenso nacional e internacional en contra del Proyecto de Ley por parte de quienes promueven y defienden los derechos humanos, y del cúmulo de voces críticas de especialistas en el tema de seguridad, no obstante el llamado del presidente de la República para ampliar el diálogo y enriquecer la minuta aprobada originalmente por la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión consumó la adopción de la Ley sin una deliberación efectiva.

Si bien se realizaron algunos cambios, la Oficina del Alto Comisionado considera que éstos atemperan, pero no eliminan los diversos motivos de preocupación expuestos.

Se enfatiza que el Poder Ejecutivo aún tiene la posibilidad de materializar su propio llamado y evitar la entrada en vigor de la Ley.

En caso de que el Proyecto de Ley fuese promulgado, la ONU-DH alentó a los actores legitimados a interponer acciones de control de la constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que la Ley sea sometida a revisión judicial a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano.

 

Fotos Agencia Tintarena: Soldados del Ejército Mexicano durante un operativo en el Mercado Central de Acapulco. (9/sep/2016)

 

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